CONSECUENCIAS LEGALES AL NO OTORGAR TESTAMENTO.
Herederos legítimos pierden al año cien millones al ignorar sus derechos
Cuatro de cada diez ciudadanos fallecen en España sin haber hecho un testamento
Propiedades inmobiliarias, bienes muebles, cuentas en los bancos, joyas y dinero en efectivo van a parar cada año al Estado o a las Haciendas autonómicas porque se desconocen los beneficiarios. Los cálculos apuntan a que en España se quedan sin adjudicar cada año a sus herederos legítimos unos cien millones de euros, cifra que en Europa puede superar los mil millones anuales. Esas son las estimaciones que maneja en un informe de Coutot-Roehrig, empresa internacional que tiene sede en Barcelona y que se dedica a localizar herederos por todo el mundo. Los propios datos del Consejo General del Notariado muestran que cuatro de cada diez personas que fallecen en España lo hacen sin haber hecho testamento. Y en entre un 10 y un 15 % de esas herencias, denominadas intestadas, se desconocen los beneficiarios legítimos.
Aquí se incluyen las masas hereditarias que provienen de españoles y de extranjeros residentes en España, pero también las procedentes de ciudadanos de aquí que viven fuera y de sus propios descendientes, que también fallecen fuera, aunque sus padres y abuelos eran naturales de España, donde tenían propiedades. Es decir, puede ocurrir que haya en Buenos Aires un beneficiario de una gran casa en el rural gallego.
«Sumado todo esto, el valor en conjunto de las herencias sube sensiblemente, y con él la dificultad para hallar a las personas que legítimamente tienen derecho a su propiedad», subraya Victorio Heredero, genealogista de Coutot-Roehrig. Y agrega: «Nosotros, en realidad, no somos cazaherencias, sino cazadores de herederos: conocemos la existencia de un bien, y buscamos a sus legítimos beneficiarios».
En Galicia, entre el 2010 y el 2017, se iniciaron 21 procedimientos por herencias intestadas. De ellos, cuatro comenzaron este mismo año: dos corresponden a personas fallecidas en Pontevedra, otro a un vecino de A Guarda y otro a uno de As Pontes. En ese período, según los datos que maneja Facenda, se llevaron a cabo ocho liquidaciones, y la última fue por una persona fallecida en Vigo, que aportó a las arcas autonómicas 15.767,8 euros.
Desde el 2010, la Hacienda autonómica ha ingresado apenas 215.000 euros. Cuando la Xunta recibe o tiene conocimiento de una herencia intestada se abre un proceso complejo que puede durar años. Primero, la Administración autonómica publica en el DOG la existencia de ese legado por si aparecieran familiares o beneficiarios que no tenían conocimiento del fallecimiento; en segundo lugar, si no apareciese nadie, se inicia la liquidación y, cuando acaba, se publica en el DOG la lista de bienes para una subasta. El dinero obtenido por Facenda se utiliza para fines sociales, tal y como establece la legislación.
Compensaciones
A veces, la Xunta se beneficia de un legado porque no hay herederos o no aparecen, y lo hace gracias a una información previa de un particular. En ese supuesto, la normativa establece una gratificación del 10 %, un porcentaje que se calcula sobre el 100 % del valor de los bienes que el ciudadano pone en conocimiento de la Administración gallega. El particular solo se beneficia si se trata del origen del proceso y lo acredita, es decir, que no vale aportar datos sobre un procedimiento ya iniciado. Por eso hay muy pocos casos. De hecho, la Xunta apenas ha pagado 51.000 euros a particulares por comunicar la existencia de una herencia sin beneficiarios.
En el ámbito privado se mueven otras cantidades, de ahí el trabajo de los genealogistas y de los abogados, que han encontrado en Galicia un gran nicho de negocio. «En la mayoría de los casos de herencias que se pierden por parte de un sucesor, la causa es una falta de infraestructura por parte de las Administraciones públicas, lastradas por lógicas limitaciones territoriales y recortes; también influye la falta de metodología y de capital de pequeños despachos de abogados, cuyo alcance geográfico y bases de datos son limitados y que carecen además de formación específica», subraya Victorio Heredero.
El meticuloso trabajo de rastreo de los genealogistas
Es muy complicado que haya una herencia sin herederos. Casi siempre aparecen ascendientes o descendientes, según el grado que recoge la normativa en vigor. Y la misión del genealogista es buscarlos, estén donde estén, hasta que se liquida la herencia de forma definitiva. Luego cobra una comisión que, dependiendo de los casos, puede oscilar entre el 10 y el 30 % del valor de los bienes. Y ahí está el negocio: la información puede suministrarla un abogado, administradores de fincas, Administraciones públicas o también los despachos de notarios.
El método de trabajo de un genealogista incluye conocimientos que tienen que ver con el ámbito jurídico, pero también «con dotes detectivescas para rastrear y seguir pistas», precisan desde el despacho de Coutot-Roehrig, que cuenta con experiencia a nivel internacional.
El Código Civil establece un orden de prioridades a la hora de ver quiénes son los posibles beneficiarios del legado de una persona que ha fallecido: en primer lugar se encuentran los hijos y sus descendientes, luego se situarían los padres y los ascendientes, y después el cónyuge. En cuarto lugar, estarían hermanos y sobrinos del fallecido, los tíos carnales a continuación y, por último, los parientes colaterales de cuarto grado, todos a partes iguales: aquí se incluyen primos, tíos segundos y sobrinos segundos. A falta de todos estos, y cuando no hay un testamento que deje los bienes a otros, es cuando la Administración hereda los bienes y los subasta.
FUENTE:LA VOZ DE GALICIA
