En la mayoría de las pólizas de seguros, que cubren los riesgos derivados de la circulación de nuestros vehículos, va implícita una defensa jurídica gratuita, es decir que, el tener contratada esta garantía le permite optar a que su defensa letrada, la ejerza el abogado que usted elija al objeto de reclamar la indemnización tanto por daños materiales como por lesiones que hubiera lugar.

Esta advertencia debe constar en las condiciones generales de la pólizas, determinándose, en ocasiones, límites en la cuantía de honorarios devengados por abogado de su libre elección, aunque normalmente la horquilla fluctúa de 600 a 3.000 euros, no siempre es así, por lo que hay que estar, a lo que se determine en la propia póliza que se haya contratado.

Cuando nos vemos implicados en un siniestro en el que no se ha determinado la responsabilidad jurídica, de un vehículo u otro, varias factores van a ser determinantes a la hora de establecer la culpabilidad de uno conductor u otro. En primer lugar:

a) el atestado de tráfico, si es que existe, levantado o bien por la Policía Local del lugar dónde tuvo lugar el siniestro o por la Guardia Civil de Tráfico, también son determinantes

b) los testigos que se puedan aportar en el caso de que se decidan responsabilidades en un juicio. Resulta muy aclaratoria las

c) fotografías tomadas después de la ocurrencia del siniestro.