La informática y la telefonía móvil surgen como escenario de delito, elemento de prueba o herramienta clave en infinidad de casos que llegan a diario a los juzgados gallegos. Pero esa realidad no es acompañada al mismo ritmo por la Administración de Justicia para facilitar el trabajo de sus integrantes y la investigación judicial.

«É un campo que debería ter en conta a Xunta e dotar os xulgados dun corpo de informáticos que non só fagan as veces de soporte técnico dos funcionarios e xuíces no seu traballo cotiá, porque cada vez é máis complexo o traballo xudicial que se xera arredor de casos nos que a informática e as comunicacións teñen un papel protagonista», considera el juez pontevedrés Xermán Varela.

Desde su puesto de representante del colectivo de Jueces para la Democracia en Galicia, Varela estima que es urgente que los magistrados cuenten con expertos en la plantilla de los juzgados para evitar demoras interminables en la resolución de peritajes técnicos que impiden resolver en ciertos casos con agilidad las distintas fases de la instrucción.

Varela apunta el caso de los Mossos d’Esquadra para ilustrar que los agentes de la policía autonómica catalana cuentan con una aplicación específica que les permite descargar los archivos de los teléfonos móviles y ordenarlos de manera automática para su entrega al juez en función del tipo de contenido y fechas de creación, herramienta que señala no hay en Galicia y facilitaría la gestión de pruebas.

«A Xunta debería desenvolver unha aplicación con licenza propia que, ademais de que se lle poda dar rendibilidade económica, podería crear ao mesmo tempo un nicho de traballo importante», añade, para concluir que sin embargo no ve en estos momentos esa apuesta por la modernización de la Justicia. Y lo explica con un ejemplo. «O edificio dos xulgados de Pontevedra non teñen wifi, e cando vén xente a entregar arquivos que pesen moito temos que ir a unha cafetería de enfronte e utilizar a súa rede se o interesado non ten marxe de datos suficiente na súa conta», asegura.

A juicio de Xermán Varela, la Xunta, Administración competente en la dotación de edificios judiciales en la comunidad y también en la organización de su personal, debería tener un plan general de acción informática, donde además de la gestión de la infraestructura interna se desarrollasen sistemas y equipos específicos para ser usados en la investigación judicial.

«La policía no da abasto, porque en casi todos los casos ya hay cuestiones informáticas entrelazadas», mantiene por su parte el fiscal especial de delitos informáticos de A Coruña, Luis Vázquez, que estima que aunque en la mayor parte de los casos los wasaps que llegan a los juzgados son enviados entre particulares sin especialización informática, detrás de los asuntos más complicados suele haber expertos que requieren de la intervención de técnicos específicos.